Plan de Fortalecimiento Industrial

  • Actualmente, la región concentra 52 proyectos de inversión activos por más de USD 4.800 millones, de los cuales 27 están en evaluación ambiental.
  • El Plan de Fortalecimiento Industrial en articulación con la OGP ha identificado 108 autorizaciones en trámite en 13 servicios distintos, de las cuales 56 ya han sido resueltas gracias a gestiones conjuntas.  

En el marco de la medida 13 del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, la Secretaría Ejecutiva del Plan, en conjunto con la Oficina de Grandes Proyectos (OGP) del Ministerio de Economía, presentó hoy el Diagnóstico y Propuesta de Reforzamiento Institucional para la Agilización de Inversiones en la Región del Biobío.

Este informe entrega un análisis exhaustivo del estado actual de tramitación de permisos en 12 servicios estratégicos, identificando cuellos de botella, brechas institucionales y oportunidades concretas de mejora. Actualmente, la región concentra 52 proyectos de inversión activos por más de USD 4.800 millones, de los cuales 27 están en evaluación ambiental. El sector energético lidera con el 71% del monto total en evaluación, lo que subraya la importancia de agilizar los procesos relacionados.

El diagnóstico también reveló que los servicios más demandados por los titulares de proyectos son la Dirección General de Aguas (DGA), el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y Vialidad, lo que refleja las principales áreas donde se concentran los cuellos de botella.

Frente a estos desafíos el seremi de Economía, Fomento y Turismo, Javier Sepúlveda destacó que “la gestión regulatoria eficiente no significa bajar estándares, sino optimizar procesos para que la inversión productiva pueda avanzar con certeza y rapidez. Este diagnóstico identifica duplicidad de procesos, baja interoperabilidad y limitaciones técnicas que estamos comprometidos a superar con un fortalecimiento institucional integral”.

En respuesta a este diagnóstico, se presentó una propuesta presupuestaria por $1.099 millones de pesos que permitiría reforzar con 57 profesionales los equipos técnicos de los servicios públicos durante el segundo semestre de 2025, cubriendo funciones clave de evaluación, fiscalización y tramitación de permisos.

La presentación del informe estuvo a cargo de Juan Pablo Johnson, coordinador nacional de la Oficina de Grandes Proyectos, quien expuso los principales hallazgos y lineamientos estratégicos en un espacio de diálogo técnico y político con autoridades regionales, servicios públicos, gremios productivos y equipos profesionales.

Nudos resueltos 

La OGP ha hecho seguimiento a más de 70 proyectos en Biobío, identificando 108 autorizaciones en trámite en 13 servicios distintos, de las cuales 56 ya han sido resueltas gracias a gestiones conjuntas.  Entre proyectos emblemáticos que se encuentran avanzando monitoreados por el Plan destacan: Central Hidroeléctrica Rucalhue, Parques eólicos Entre Rios, Viento Sur, Junquillos, entre otros.

“Hemos alcanzando una articulación virtuosa para agilizar inversiones en Biobío y a partir de este informe tenemos una data mucho más fina para consolidar un ecosistema institucional que permita tener un modelo de gestión pública proactivo, eficiente y orientado a resultados, que ya está siendo valorado positivamente por los titulares de inversiones”, acotó Carolina Parada, secretaria ejecutiva del Plan. 

En la misma línea, Carolina Parada destacó la importancia del encuentro y agregó «valorar la participación que tuvimos hoy en esta convocatoria realizada por el plan de fortalecimiento industrial al que acudieron dirigentes sindicales, representantes de gremios que participan del foro, también los titulares de proyectos y la academia que siempre tiene una voz muy relevante en temas que tengan que ver con investigación y con aporte de contenidos a los desafíos del de la región.»

La propuesta de reforzamiento será presentada al Gobierno Regional para aportar información clave que facilite la toma de decisiones conjunta, asegurando que la región recupere su dinamismo productivo con mayor eficiencia, certeza regulatoria y mejor coordinación interinstitucional.

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