Por Pedro Armstrong Squella, abogado de Bruzzone & González abogados
El Ejecutivo busca establecer un procedimiento especial mediante el cual, en determinados casos, se podrá levantar el secreto bancario actuando directamente en Tribunales, y sin que el contribuyente pueda oponerse, como lo establece actualmente el procedimiento general.
En base a lo anterior, cabe preguntarse cuál es el beneficio desde el punto de vista del combate a la elusión que esto tendría y cómo ello afectaría al contribuyente.
Desde el punto de vista del combate a la elusión el argumento pareciera ser la “mayor transparencia”, pero ¿no se logra esto ya con el procedimiento general?, ¿de qué manera la oposición del contribuyente perjudicaría dicho valor
Por su parte, resulta evidente que el derecho a la defensa del contribuyente se ve afectado, debiendo existir un argumento lo suficientemente potente para mermar sus garantías fundamentales, lo que no se ve explicitado en el proyecto.
Así, parece ser que el único objetivo del procedimiento especial es escapar de la controversia con el contribuyente, logrando que de esa forma se logre una mayor apertura de los tribunales a levantar el secreto bancario.
Si la propia ley busca que los actos de la administración tengan una mayor y mejor fundamentación, ¿por qué buscaríamos rebajar ese estándar?
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