Por Cristian Muñoz, Abogado Senior y Socio fundador de Muñoz Abogados & Cia.
En una sociedad democrática, los medios de comunicación cumplen un rol clave: informar, fiscalizar y mantener a la ciudadanía atenta frente a situaciones que exigen justicia. Su presencia no solo documenta los hechos, sino que, muchas veces, permite que causas que podrían quedar olvidadas avancen en el sistema judicial. Sin embargo, esta influencia no está exenta de desafíos y riesgos, especialmente cuando la presión mediática empieza a bordear o a cruzar los límites del debido proceso.
El reciente caso de Martín de los Santos, la persona que agredió brutalmente a un conserje, reabrió un debate necesario: ¿Qué tan determinante es la opinión pública en la continuidad de un proceso penal? La difusión constante del caso en redes sociales y medios tradicionales fue clave para que la sociedad civil exigiera avances concretos. De no haber existido esa presión, probablemente el caso habría tenido un curso mucho más lento.
Situaciones similares hemos visto en casos de alta sensibilidad como el del pequeño Tomás Bravo. A pesar del paso del tiempo, el seguimiento mediático ha mantenido viva la búsqueda de justicia, impulsando nuevas diligencias y evitando que el caso se archive. Esto habla de un poder que, cuando se ejerce con responsabilidad, puede ser un aliado de las víctimas y de la transparencia judicial.
No obstante, es imprescindible advertir que no todo lo que brilla en los medios es un llamado a la justicia. Cuando la cobertura se convierte en espectáculo, los riesgos aumentan: Juicios paralelos, condenas sociales anticipadas, filtraciones irresponsables, y un clima de presión que puede entorpecer la labor de fiscales, defensores y jueces. Es que el rol del periodismo no puede confundirse con el de un tribunal.
Por eso, el desafío no está en apagar la cobertura, sino en hacerla mejor. En asumir que los medios son parte del ecosistema de control democrático, pero también que tienen una responsabilidad ética ineludible. Informar con rigurosidad, distinguir hechos de opiniones, consultar fuentes confiables y respetar los tiempos del proceso judicial son prácticas mínimas que deben guiar toda cobertura penal.
En un país como Chile, donde muchas veces las víctimas sienten que la justicia es lenta o insuficiente, el periodismo puede ser una palanca de cambio, una debe ser usada con criterio. Si el objetivo es la justicia, no el entretenimiento, entonces hay que apostar por un periodismo serio, que se involucre, que persista, pero que también entienda que su poder tiene límites y consecuencias.
Mantener viva una causa no significa encender un circo mediático. Significa, más bien, comprometerse con el derecho de todos y todas a conocer la verdad y exigir un sistema judicial que actúe, no por la presión de los titulares, sino por la solidez de los hechos.
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