Por Dulce Wilman, Analista Senior de Seguridad y Mejora Continua
La nueva ley chilena de protección de datos representa un cambio estructural en la forma en que las organizaciones abordan la privacidad y la seguridad de la información. Este marco legal no solo alinea al país con los estándares internacionales (como el GDPR europeo), sino que también eleva la protección de los derechos fundamentales de las personas en el entorno digital.
Para las empresas, implica transitar desde un enfoque meramente declarativo hacia un modelo de cumplimiento proactivo, con gobernanza clara, medidas técnicas y organizativas robustas, y una cultura transversal de protección de datos.
Así, el impacto es estratégico, ya no se trata solo de evitar sanciones, sino de fortalecer la confianza de clientes, inversionista y socios, consolidando la reputación corporativa en un entorno cada vez más regulado y expuesto a riesgos cibernéticos.
Para las empresas que buscan implementar un programa de protección de datos que les permita cumplir esta ley, es recomendable abordarlo
como un proyecto integral de gestión del riesgo reputacional, legal y tecnológico.
Aquí, los siguientes pasos clave:
- Diagnóstico legal y técnico inicial, para ello se debe evaluar el nivel de madurez actual frente a los requisitos de la nueva normativa y estándares internacionales como ISO 27701.
- Designación de un responsable de protección de datos (DPO), figura crítica para liderar la estrategia de cumplimiento y coordinar la respuesta ante incidentes.
- Mapa de tratamiento de datos personales, identificar qué datos se almacenan, cómo se procesan, comparten y eliminan.
- Políticas y procedimientos actualizados, incluir cláusulas de consentimiento, derechos ARCO (conjunto de derechos que tienen las personas sobre sus datos personales), gestión de brechas de seguridad, y relaciones con terceros (encargados y proveedores).
- Generar conciencia en todos los niveles de la organización para fortalecer la primera línea de defensa.
- Realizar análisis de riesgo previo a cualquier tratamiento que pueda implicar alto riesgo para los titulares.
- Medidas técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
La apatía con relación a esta implementación ya no es una opción. Las empresas que no comiencen ahora a estructurar su programa de cumplimiento estarán expuestas no solo a sanciones legales, sino también a la pérdida de confianza del mercado.
Es indispensable que visualicen la protección de datos como una inversión estratégica, no como un costo regulatorio. Comenzar con una hoja de ruta clara, basada en un análisis de brechas y un cronograma de implementación realista, permite avanzar de manera ordenada y con foco en el negocio.
Además, hay que considerar que los datos personales son una clave activa intangible y su uso responsable puede ser un diferenciador competitivo en un mercado donde la transparencia y la ética digital son cada vez más valoradas.
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