- El reporte, elaborado por KPMG Chile y que recoge lo que declaran más de cien empresas socias de la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio, identificó avances notables en la creación formal de modelos de prevención, y a la vez espacios de mejora en el monitoreo interno de su efectividad.
Santiago, noviembre de 2025-. Con el objetivo de conocer el estado de avance y los principales desafíos que enfrentan las compañías en la implementación de la Ley de Delitos Económicos, KPMG Chile y la Cámara Chilena-Norteamericana de Comercio (AmCham Chile) presentaron los resultados del estudio “Modelo de Prevención de Delitos: Implementación de la Ley de Delitos Económicos”, impulsado por el Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance de la entidad gremial.
Según el estudio, el 80% de las empresas afirma contar con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) formal y un porcentaje similar (78%) utiliza matrices de riesgo para identificar procesos críticos. En tanto, un 54% de los encuestados tiene sistemas de monitoreos periódicos para verificar la efectividad de los controles para prevenir y detectar delitos. “Este resultado evidencia avances destacables, y desafíos en cuanto a la práctica de seguimiento, frente al riesgo de que los MPD permanezcan a nivel declarativo o documental”, aseguró Edmundo Varas, director de KPMG Law.
Asimismo, el 78% de las compañías ha identificado cargos y funciones con potencial riesgo penal, mientras que grandes firmas ligadas a los Servicios Financieros (12,5%), Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (11,3%), Consumo y Retail (10%), Energía y Recursos Naturales (10%) declaran tener prácticas consolidadas.
En materia de relación con terceros, el 49% evalúa a sus contrapartes con un enfoque estructurado y basado en riesgos, aunque un 27% no ha realizado una evaluación formal o solo la aplica de manera aislada. Entre las medidas más utilizadas se encuentran las cláusulas contractuales y los procesos de due diligence. “La mayoría de las compañías se apoya en cláusulas, como exige la ley, pero estas solo cubren el requisito formal. Un modelo realmente efectivo debe incluir mecanismos de seguimiento y auditoría a terceros durante toda la vigencia de la relación comercial”, indicó Varas.
Respecto a la difusión interna, un 83% ha incorporado y/o consolidado sus protocolos en los contratos de trabajo y políticas corporativas, y un 87% dispone de canales de denuncia anónimos y sistemas de sanciones. No obstante, uno de cada cinco encuestados (22%) aún no implementa programas formales de capacitación o los ejecuta de forma parcial.
Desafíos y tendencias
El estudio también destaca que el 56% de las empresas cuenta con un área de compliance dedicada, mientras que el resto distribuye o complementa sus funciones áreas de Legal, Auditoría Interna y Finanzas. El 42% ya sometió su MPD a evaluaciones por terceros independientes y el 56% considera adecuado hacerlo cada 12 meses, lo que refleja una creciente tendencia hacia la mejora continua.
Asimismo, sugiere que las compañías chilenas han avanzado significativamente en el diseño y formalización de sus modelos, pero deben profundizar en la evidencia de su funcionamiento efectivo. Entre las prioridades para los próximos meses, se identifican el fortalecimiento del monitoreo periódico, la evaluación de terceros con enfoque de riesgo, la capacitación continua y asegurar la adecuada independencia del responsable del MPD.
“Lo que estamos viendo en otros países -como Estados Unidos o el Reino Unido- es una tendencia creciente hacia mecanismos de justicia negociada, donde las empresas colaboran activamente con las autoridades en lugar de ir a juicio. En Chile aún no tenemos esa cultura, ni criterios claros de evaluación por parte de la Fiscalía, por lo que estudios como éste son claves para construir estándares comunes y preparar a las compañías antes de que enfrenten un caso real”, aseguró Gonzalo Medina, socio de Dal Pozzo Medina Abogados.
Agregó que “todavía estamos dejando atrás el formalismo. Hay políticas y códigos de ética muy bien escritos, pero eso no siempre significa que estén consolidados en la práctica. El desafío ahora es pasar del texto al comportamiento efectivo y mantener los modelos vivos dentro de las organizaciones”.
En tanto, Salvador Maturana, Gerente de Asuntos Públicos de AmCham Chile, sostuvo que “este estudio ofrece una mirada clara sobre cómo las empresas están implementando la Ley de Delitos Económicos, evidenciando avances significativos y también desafíos pendientes. Desde AmCham Chile valoramos este trabajo porque contribuye con evidencia, buenas prácticas y orientación para fortalecer los estándares de integridad y gobernanza corporativa en el sector privado”.
Por su parte, Margarita Walker,Co-Chair del Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance de la entidad gremial, indicó que “a un año de la Ley de Delitos Económicos, este estudio muestra cómo las empresas han interpretado y aplicado sus normas. Un insumo clave para comparar, aprender y seguir fortaleciendo la cultura de cumplimiento”.
Equipo Prensa
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